Decreto nacional
El Gobierno baja los derechos de exportación a productos de la minería
Se eliminan las retenciones a 231 productos de la canasta minera que hasta hoy pagaban 8%, a excepción del litio y la plata, que mantendrán la actual alícuota del 4,5%.
El Gobierno nacional dispuso este jueves reducir a cero las retenciones a las exportaciones de un conjunto de bienes entre los que se destacan productos pertenecientes a la minería metalífera, la no metalífera y rocas de aplicación, comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, a excepción del litio y la plata.
Lo hizo a través del decreto 563/2025, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a 231 posiciones arancelarias que recibieron la baja del esquema de alícuota, de minerales que hasta hoy tributaban 8% en concepto de derechos de exportación, mientras que el litio y la plata seguirán con el 4,5% que venían pagando.
La medida se logra “sin comprometer la estabilidad fiscal”, aseguró el Gobierno, que pretende “promover el desarrollo e incentivo de la inversión privada, la producción, el agregado de valor nacional y las exportaciones de las cadenas productivas”.
Un dato que se destaca es la inclusión del cobre como producto metalífero que pasará a pagar 0% de alícuota, a pesar de que aún no haya producción, aunque el complejo tiene en distintas etapas de desarrollo una cartera millonaria de proyectos que podrían significar hacia principios de la próxima década exportaciones por unos US$ 10.000 millones.
Esta medida —uno de los ítems largamente reclamados por la industria— fue presentada como “afín a los objetivos del Gobierno de reducir la carga impositiva sobre la actividad productiva y promover las exportaciones”, y se tomó considerando el potencial de crecimiento del sector, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo y valor agregado que promueve.
Con la reducción de la alícuota de los derechos de exportación se pretende mejorar el precio que percibe el productor, generar un incentivo no solo a invertir más, sino también a producir más y, mejorar la actividad económica en el sector minero, con más exportaciones y, por consiguiente, más empleo.
En ese sentido, se destacó que este sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca. En Salta, donde la industria minera es más joven, la actividad ya representa cerca del 40% de las exportaciones provinciales.
Pero además, se le atribuye al sector un significativo potencial de crecimiento en el contexto de la transición energética global, que impulsa la demanda de minerales de los que el país posee abundantes reservas.
La medida busca potenciar la competitividad del sector en general, más allá de los importantes beneficios que puede otorgar un instrumento como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que alcanza a unos pocos proyectos, y reducir la considerable brecha de desarrollo existente con economías mineras de la región.
En países como Chile o Perú, la actividad minera representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en la Argentina, y con un nivel de exportaciones que en los últimos años alcanzaron entre los US$ 50.000 y US$ 80.000 millones en los mercados de la región, frente a los US$ 4.500 millones que obtuvo la industria local en 2024.
No obstante, la industria minera representa el quinto complejo exportador de Argentina, según detalla el INDEC en su informe de Complejos Exportadores del año 2024. Sus exportaciones constituyen cerca del 6% de las ventas argentinas al exterior, pero son inmensamente más significativas en las provincias donde se originan.
La norma enfatiza que la medida no compromete los esfuerzos del Gobierno por sostener el equilibrio fiscal, al señalar: “La disminución de la carga impositiva no compromete de manera significativa los niveles de recaudación tributaria y, al mismo tiempo, contribuye a un equilibrio entre el desarrollo productivo y la estabilidad fiscal”.
Por lo tanto, se entendió que resulta conveniente crear condiciones favorables para la actividad minera y el comercio exterior, a través de la reducción de los derechos de exportación aplicables a un conjunto de mercaderías originadas en ese sector productivo, con el fin de fortalecer la capacidad exportadora del país, incentivar la expansión hacia mercados externos y la generación de empleo.
