Efectos de los apagones

Nación busca normalizar las deudas de las distribuidoras y cooperativas eléctricas con CAMMESA

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó un plan para regularizar las deudas por US$ 1.100 millones. El programa ofrece hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas con tasa preferencial.

Nación busca normalizar las deudas de las distribuidoras y cooperativas eléctricas con CAMMESA
La iniciativa apunta aincentivar el pago de la deuda corriente y restaurar el funcionamiento adecuado del sistema.
La iniciativa apunta aincentivar el pago de la deuda corriente y restaurar el funcionamiento adecuado del sistema.

El gobierno de Javier Milei dio un paso crucial para estabilizar el sector eléctrico del país mediante la aprobación de un plan de regularización de deuda de US$ 1.100 millones que las distribuidoras de energía Edenor, Edesur y otras cooperativas deben a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Este plan se lanzó después de los apagones masivos que afectaron a más de 700.000 usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a principios de marzo de 2025, lo que puso de manifiesto la fragilidad del sistema eléctrico argentino.

A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 186/2025, el gobierno dispuso que las distribuidoras puedan regularizar sus pasivos que no fueron normalizados antes del 30 de noviembre de 2024.

La principal motivación detrás de esta medida es recuperar la estabilidad en la cadena de pagos y ordenar el sector eléctrico, que a raíz de las fallas recientes mostró importantes debilidades en su estructura operativa.

La medida tiene como objetivo principal garantizar el pago de las deudas existentes, mejorar la cobrabilidad de CAMMESA, y asegurar que las distribuidoras inviertan en mejorar la infraestructura del servicio, todo dentro de un marco de mayores incentivos para los buenos pagadores.

El nuevo plan de pagos establece hasta 12 meses de gracia para las distribuidoras, seguido de un programa de pago a 72 cuotas con una tasa preferencial, equivalente al 50% de la tasa del Mercado Eléctrico Mayorista (un porcentaje cercano al que cobra el Banco Nación).

Según fuentes de la Secretaría de Energía, esta iniciativa tiene como fin incentivar el pago de la deuda corriente y restaurar el funcionamiento adecuado del sistema, permitiendo así una mayor fiabilidad del servicio eléctrico para los usuarios.

Además, el gobierno introdujo un régimen de reconocimiento de créditos como incentivo para los “buenos pagadores”. Aquellos actores del sector energético que hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones durante 2024, sin montos adeudados no regularizados al 31 de diciembre de 2023, podrán acceder a estos créditos.

Sin embargo, este beneficio está condicionado al cumplimiento de los pagos corrientes, ya que, de no hacerlo, las distribuidoras perderían el acceso al incentivo y serían sujetas a sanciones.

Por otro lado, la cartera energética ha establecido que las distribuidoras deberán presentar un plan de inversiones para mejorar la infraestructura de la red eléctrica. Este requisito es clave para garantizar que las distribuidoras inviertan en la modernización y el fortalecimiento del sistema, lo que contribuirá a una mejor calidad en el servicio y a la reducción de cortes de energía en el futuro.

El gobierno también destacó que en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de CAMMESA era del 48%. Este bajo nivel significaba que gran parte de los importes no cobrados debían ser cubiertos por el Tesoro Nacional, lo cual generaba un círculo vicioso que exacerbaba la emisión monetaria, incrementaba la inflación y conducía a una progresiva descapitalización del sistema eléctrico.

Con el nuevo plan de pagos y la implementación de medidas de incentivos, el objetivo es llegar a una tasa de cobrabilidad del 100%. De acuerdo con la Secretaría de Energía, al mejorar la cobrabilidad, las distribuidoras podrán convertirse en sujetos de crédito, lo que les permitirá acceder a financiamiento para realizar inversiones en infraestructura.

Esto, a su vez, ayudará a reducir la dependencia de los aportes del Tesoro, logrando una mayor autonomía del sistema eléctrico y evitando la emisión de más dinero para cubrir déficits.

 

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