Cómo la Ley Ómnibus de Milei quiere cambiar las reglas para Vaca Muerta

Javier Milei impulsa una fuerte reforma de la economía a través del mega DNU y ahora con el proyecto de ley de "bases" libertarias, que busca la eliminación de toda intervención estatal. El sector hidrocarburífero en su totalidad, y Vaca Muerta en particular, también está alcanzada por diversos cambios que propone el Presidente y su equipo, siendo la confluencia de los precios locales con los internacionales (export/import parity) y la reprivatización de YPF los puntos sobresalientes. Aunque hay más en el detalle del proyecto.

Exportaciones, "barril criollo" y combustibles

Las compañías podrán exportar libremente el petróleo, eliminándose la obligación de abastecer al mercado interno primero para luego poder acceder a los permisos. El objetivo de Milei es acelerar el desarrollo exportador de un sector pujante, con la expectativa de que lleguen inversiones.

Una señal para la industria es el artículo 204, el cual mantiene "la vigencia de los derechos de exportación actualmente vigentes, para los hidrocarburos y la minería". Es así que mientras el resto de las exportaciones tendrían un 15% de retenciones, el petróleo seguirá con el 8% y la minería de oro, plata y litio el 4,5%.

El "barril criollo", el valor diferencial que desacopla los precios locales de los internacionales, estaría sentenciado. Tal como informó Mejor Energía, uno de los objetivos del gobierno libertario es el export parity, que se alcanzaría con la liberación del mercado externo para el petróleo. Esto también tendrá un impacto en los precios de los combustibles, que se estima en un dólar por litro de nafta.

El proyecto enviado a Diputados propone un profundo cambio en la Ley Nacional de Hidrocarburos. El Ejecutivo "no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción". La brecha entre el "barril criollo" y el Brent, referencial para la Argentina, ronda los 15 a 19 dólares.

El gas natural no tendría el mismo status, según destaca el artículo 301 del proyecto de ley: "Quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa. Las exportaciones de gas natural deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional". La limitante de infraestructura y la necesidad de contar con energía barata parecieran ser las claves de esta decisión.

Límites para las empresas provinciales

Uno de los puntos cambia las reglas para las empresas de carácter estatal-provincial está redactada en el artículo 295, que elimina cualquier posición privilegiada a través de métodos como el carry o las reservas de áreas a su favor, como ocurre en Neuquén a través de GyP.

La modificación alcanza al artículo 91 bis de la Ley 17.319 poniendo lo siguiente: "Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica".

"Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades Concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, se respetarán en ellas las condiciones existentes a la fecha de aprobación de esta ley", expresa el texto propuesto.

Tarifas y subsidios

La emergencia energética y tarifaria se fija en dos años y, como buena parte del espíritu del proyecto de ley, delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de extenderla otros dos años. Como ya se comunicó oficialmente, el Gobierno avanzará con la eliminación de los subsidios a la electricidad y el gas.

Milei pretende unificar los entes reguladores de la electricidad y el gas (ENRE y ENARGAS) y reestrucutrar las tarifas "con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar su gestión eficiente y eficaz".

Privatizaciones

El proyecto de ley tiene un anexo con un listado de empresas que el Gobierno pretende privatizar. La más importante del sector petrolero es YPF, que tiene el 60% del mercado de los combustibles y lidera la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

Otra que aparece es Energía Argentina, más conocida como Enarsa, creada en 2004 y en el último año levantó el perfil al administrar las obras para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, aunque también tiene un rol destacado en las importaciones de gas natural licuado (GNL).

El proyecto dice: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades".

Es así que la lista suma 41 empresas que son Sociedades Anónimas o Sociedades del Estado.