Offshore: YPF y Equinor buscan acelerar su proyecto conjunto con un fuerte guiño oficial

Con aguas judiciales temporalmente calmas desde que la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata rehabilitó en enero los permisos para la exploración en el Mar Argentino, las empresas YPF y Equinor buscan acelerar los tiempos para realizar las tareas offshore largamente demoradas. A pesar de que son socios en varios proyectos en el país, el tema fue el eje principal de la reunión que acaban de mantener en la ciudad de Houston, en el marco del CeraWeek, el presidente de YPF, Pablo González, y el titular y CEO de Equinor, Andrés Opedal.

Ambas compañías están vinculadas en el bloque CAN102 y los bloques CAN100, CAN108 y CAN 114, en estas en sociedad con Shell, todas ubicadas a partir de los 300 kilómetros de la costa bonaerense, a la altura de Mar del Plata, y para las cuales ya presentaron los estudios de impacto ambiental para iniciar las tareas de prospección sísmica.

El encuentro en la capital petrolera de los Estados Unidos, permitió poner al día a los máximos directivos de YPF y de Equinor sobre la oportunidad de aprovechar la ventana judicial que se abrió desde enero con la habilitación de las tareas de sismología en el lecho marino, hasta tanto se resuelve el tema de fondo en un conflicto que ya superó el año en los tribunales. Es que la causa que lleva adelante el juez federal marplatense Santiago Martín se encuentra sin sentencia firme, hasta tanto se dirima la legalidad de los permisos oportunamente otorgados por el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía de la Nación, así como la suficiencia de los estudios ambientales requeridos para este tipo de operaciones hidrocarburíferas mar adentro.

A la vez, también está pendiente desde su presentación semanas atrás un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Asociación de Abogados Ambientalistas y organizaciones como Greenpeace, Ecos de Mar o Surfrider, que reclaman por la denegación del recurso extraordinario rechazado por la Cámara en plena feria judicial de enero.

Pero el interés de las empresas por llevar adelante la exploración marítima, tiene el respaldo manifiesto de las autoridades políticas.

Esta semana, en la apertura de las sesiones legislativas, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo una encendida defensa del offshore al considerarlo "un asunto vital para el desarrollo de la provincia, que tendrá un impacto decisivo en los próximos años tanto en la producción como en el empleo", tema que genera el partícular interés de sectores empresarios de la costa atlántica bonaerense.

En el mismo sentido, reafirmó que su administración tiene “el compromiso de hacer respetar toda la normativa vigente y los más altos estándares para garantizar el cuidado del ambiente" al dejar entrever la interferencia de “poderosos intereses económicos que quieren impedir que se alcance la soberanía energética”.

Es que los estudios científicos realizados en las áreas en cuestión sostienen que la explotación podría alcanzar un volumen de producción de 200.000 barriles diarios de petróleo, lo que equivale, prácticamente, a la producción total de YPF, es decir, al 35% de la producción nacional actual.

El guiño también llegó desde el Gobierno nacional que acaba de formalizar la extensión hasta 2025 del permiso de exploración de hidrocarburos a las empresas YPF y Equinor en la Cuenca Argentina Norte, y que habían sido oportunamente adjudicadas en mayo de 2019 durante la anterior administración nacional. Aquellos permisos de exploración para 18 áreas costa afuera lograron la participación de 13 empresas –entre otras, YPF, Equinor, Eni, Qatar Petroleum, Exxon, Shell, British Petroleum y Total Energies-, las cuales, en su conjunto, prometieron una inversión de US$ 724 millones, en distintas etapas de solicitud de permisos correspondientes.

El permiso judicial vigente dado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata fue adoptado por los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel para la zona CAN 103. Si bien la decisión dejó sin efecto la medida cautelar que frenó la actividad durante el año pasado también aclaró que "no constituye un fallo de carácter definitivo ya que se trata justamente de una cautelar y no de una resolución de fondo en el marco del amparo", lo que vuelve a dejar un final abierto.

En diciembre la Cámara consideró que tanto el Gobierno nacional como Equinor cumplieron con los requisitos que le habían sido solicitados, para establecer una serie de “condiciones esenciales” para la ejecución de la exploración petrolera. La referencia está hecha sobre la instrucción judicial de incluir como “observadores permanentes” a miembros del equipo “Pampa Azul”, que las actividades de prospección sísmica “no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 kilómetros” del sector que comprende la zona denominada “Agujero Azul” y que la exploración “deberá suspenderse inmediatamente ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente”.