Ley de humedales: compás de espera para “escuchar a las provincias”

Ante la posibilidad de que las comisiones de la Cámara de Diputados finalmente lleguen a acordar el dictamen al proyecto de ley de humedales del legislador bonaerense Leonardo Grosso, gobernadores de diez provincias, empresarios mineros, cámaras provinciales de productores y de proveedores para la industria minera, también representantes del gremio de obreros mineros, se manifestaron con documentos, declaraciones y en algunas capitales -como la ciudad de Salta- con marchas y concentraciones para rechazar el avance de la normativa. 

Según todas estas entidades representativas del sector, cualquiera de los dos proyectos en carrera -no solo el de Grosso, también se discute una iniciativa consensuada por los legisladores de Juntos por el Cambio que incluye el proyecto de los diputados Jorge Vara y Ximena García- carecen de una visión federal y en caso de aprobarse, afectarán desarrollos productivos que son fundamentales para las economías regionales. 

En principio, esa crítica llegó -al menos- a postergar el plenario en el que se iba a tratar de dar dictamen. El argumento para postergarlo fue “escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. 

En rigor, el Frente de Todos contó los votos pero no tenía un consenso amplio. De hecho, dos diputados salteños, Emiliano Estrada y Pamela Calletti, habían anticipado que no acompañarían el proyecto si no se introducían cambios que garanticen la soberanía de la provincia sobre sus recursos.

De los gobernadores del norte del país, los más enérgicos en mostrar su preocupación por el avance en el Congreso de esta normativa fueron los de Jujuy, Gerardo Morales, de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, que son las provincias en donde se encuentran los proyectos de producción del litio en los salares andinos, ecosistemas que entran en la definición de humedal que se hace en estas propuestas. 

“El dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan”, aseveraron los mandatarios en un texto que acordaron con las provincias que componen el denominado “Norte Grande” y advirtieron que existe una iniciativa de COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) que “no fue analizada en el Congreso y representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años. Por ello debería ser tomada en cuenta en este debate”, concluyeron. 

En tanto, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) advirtió que “los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera”. Y amplió: “Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades”. 

Por otra parte, la entidad empresarial señaló que las normativas tratadas se superponen con la legislación vigente. “Todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24.585). En efecto, la legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente de dónde estén instalados”, apunta la CAEM.

Por su parte, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), apeló a que se genere “una resolución madura y equilibrada”, que no se segmente “el análisis de lo productivo con lo ambiental”. 

Asimismo, también los proveedores remarcaron que las provincias deben ser parte “protagónica del diseño y la implementación” de una ley de humedales, “en su carácter de titulares de los recursos naturales en virtud del artículo 124 de la Constitución nacional”. 

En paralelo, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, se sumó al debate y señaló: “Los humedales son esenciales para el país como así también lo son la agroindustria, la minería y los hidrocarburos. No es prohibiendo o limitando el desarrollo como creceremos”, indicó. 

 “Las industrias regionales de las provincias mineras existentes se verían afectadas”, advirtió el gremialista y recordó que “el gobierno nacional, los gobernadores - de diferentes fuerzas políticas - promueven en el exterior para que se invierta en Argentina, lo cual es una incoherencia que sólo agrava la inseguridad jurídica”.