Mendoza avanza a dos frentes con el brazo norte de Vaca Muerta y nuevas adjudicaciones en el convencional

El Gobierno de Mendoza adjudicó las concesiones de explotación de las áreas hidrocarburíferas Atamisqui y El Manzano por un plazo de 25 años e impulsó el adelantamiento de las perforaciones no convencionales en la zona norte de Vaca Muerta. La estrategia provincial busca dinamizar de manera simultánea los bloques maduros de extracción convencional y los desarrollos de shale oil en el departamento de Malargüe.

En el frente no convencional, las empresas YPF y la UTE conformada por Quintana y TSB confirmaron que iniciarán los trabajos de perforación exploratoria en un plazo de entre 30 y 45 días. Ambas operadoras acordaron con la provincia adelantar los compromisos de inversión que originalmente estaban programados para el año 2028. El plan inmediato prevé la ejecución de al menos siete pozos no convencionales en territorio mendocino.

YPF, que ya concretó la perforación de dos pozos exploratorios en Malargüe, prepara la instalación de un nuevo pad. Esta plataforma incluirá un pozo vertical y dos horizontales, a los que se sumará una perforación adicional no prevista en los contratos originales.

Por su parte, la UTE Quintana-TSB avanzará sobre el bloque Cañadón Amarillo, ubicado en el clúster Mendoza Sur. La compañía adquirió este activo dentro del proceso de reestructuración de áreas maduras de YPF y asumió un compromiso total de US$ 44 millones para la exploración de la formación.

Perforaciones aceleradas en Vaca Muerta

Durante este año, Quintana-TSB ejecutó más de US$ 4 millones en una campaña de sísmica 3D sobre una superficie de 202,5 kilómetros cuadrados. Los resultados técnicos de ese estudio, que no se realizaba en la provincia desde 2017, motivaron la aceleración del cronograma. En este bloque se perforará un pad compuesto por un pozo vertical y dos horizontales con ramas de 1.500 metros.

Para llevar adelante las tareas de perforación, YPF y Quintana-TSB compartirán un mismo equipo de alta potencia. Esta decisión operativa busca maximizar la disponibilidad de torres de perforación con las especificaciones técnicas que requiere la actividad no convencional en el mercado local. Un pozo en la zona demanda una inversión estimada de entre US$ 15 y US$ 20 millones, movilizando en cada desarrollo a entre 20 y 30 empresas contratistas de servicios que abarcan desde perforación direccional hasta logística y seguridad.

En forma paralela a los desarrollos en Vaca Muerta, el Ministerio de Energía y Ambiente resolvió la adjudicación de dos áreas convencionales bajo el esquema de licitación continua, las cuales totalizan compromisos de inversión por US$ 45,9 para los primeros diez años de concesión sobre una extensión conjunta de 822 kilómetros cuadrados.

El área Atamisqui, localizada en la Cuenca Cuyana, fue otorgada a la firma Petróleos Sudamericano. El plan racional de explotación presentado contempla una inversión de US$ 15 millones durante la primera década.

El programa de trabajo incluye la perforación de un pozo nuevo de desarrollo y la realización de 26 intervenciones en pozos existentes. Además, la compañía destinará más de US$ 3,5 millones a obras complementarias de infraestructura, entre las que se destacan la construcción de un ducto de evacuación, el tendido de líneas eléctricas y la reparación de tanques de almacenaje.

Por otro lado, el bloque El Manzano, situado en la Cuenca Neuquina, quedó adjudicado a la empresa Venoil con una inversión comprometida de US$ 30,9 millones para los primeros diez años.

En este caso, el plan establece la perforación de seis pozos nuevos por un monto de US$ 15.000.000 -lo que representa casi la mitad del desembolso total de la firma- y la realización de 32 intervenciones en pozos distribuidos en cuatro sectores del yacimiento, incluyendo la zona de crudos pesados, El Manzano Oeste y Los Volcanes. A su vez, se prevén US$ 3,7 millones para la adecuar las instalaciones de superficie.

Inversiones en áreas convencionales

Respecto al alcance de estos contratos, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el destino directo de las partidas: “Lo relevante no es solo el monto comprometido, sino en qué se traduce. Pozos nuevos, recuperación secundaria y reactivación de pozos inactivos. Eso es actividad concreta en el territorio, trabajo para las proveedoras de servicios y regalías para la Provincia”.

Uno de los aspectos financieros centrales del proceso licitatorio es la concentración temporal de los desembolsos. El 68 % de la inversión total en el sector convencional, equivalente a US$ 31,1 millones, se ejecutará obligatoriamente durante el primer quinquenio de la concesión. En conjunto, ambas áreas contemplan la realización de 7 pozos nuevos y 58 intervenciones mediante tareas de pulling y workover, además de proyectos de conversión a inyectores para implementar técnicas de recuperación secundaria en yacimientos maduros.

En relación con la dinámica del mercado de áreas tradicionales, el director de Hidrocarburos de la provincia, Lucas Erio, afirmó que “estas adjudicaciones confirman que el convencional mendocino sigue teniendo recorrido. Cuando hay reglas claras y previsibilidad, el mercado responde. Es una señal auténtica sobre el potencial geológico de Mendoza y sobre el rumbo de la política energética provincial”.

Con las adjudicaciones de Atamisqui y El Manzano, la provincia suma siete áreas otorgadas desde el inicio de la modalidad de licitación continua a fines de 2025, un esquema pensado para mantener la oferta abierta de bloques hidrocarburíferos y canalizar ofertas de inversión de forma permanente.

Los pliegos aprobados por el Ejecutivo provincial imponen obligaciones en materia de protección ambiental y control de operaciones. Las empresas adjudicatarias deberán presentar planes de descarbonización alineados con tecnologías de reducción de gases de efecto invernadero y cumplir con la prohibición absoluta del venteo de gas sin combustionar.

Asimismo, tendrán que contratar un seguro ambiental según lo establecido en la Ley General del Ambiente 25.675, presentar un plan anual de abandono de pozos y someterse a auditorías ambientales ante cualquier reversión parcial o total de superficie, mientras que el Estado provincial mantendrá la facultad de realizar inspecciones de campo sin previo aviso.