El Gobierno prorrogó hasta diciembre la concesión del Sistema Hidroeléctrico Diamante

La Secretaría de Energía dispuso una nueva prórroga de la concesión del Sistema Hidroeléctrico Diamante hasta el 31 de diciembre de este año, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio mientras el Gobierno avanza en el proceso para relicitar uno de los principales complejos hidroeléctricos de Mendoza.

La medida, formalizada mediante la Resolución 145, constituye la cuarta extensión otorgada desde 2024 y ratifica la decisión oficial de volver a concesionar el aprovechamiento hidroeléctrico una vez finalizada la etapa transitoria.

De acuerdo con la resolución, la empresa concesionaria deberá presentar, dentro de los cinco días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, una Carta de Adhesión aceptando las nuevas condiciones establecidas por la Secretaría de Energía para continuar con la operación del complejo.

En caso de no prestar conformidad, la compañía estará obligada igualmente a mantener la prestación del servicio durante un período mínimo de 90 días corridos, con el propósito de asegurar la generación eléctrica mientras el Estado adopta las medidas necesarias para evitar interrupciones en el suministro.

Durante el período de prórroga, la operadora deberá seguir cumpliendo todas las obligaciones previstas en el contrato de concesión firmado en 1994, además de las nuevas exigencias incorporadas por la resolución.

Entre las condiciones fijadas por el Gobierno figura el mantenimiento de una garantía de cumplimiento contractual por un monto no inferior a un millón de dólares, que podrá constituirse mediante una fianza o un seguro de caución.

También se establece que eventuales modificaciones en el esquema de remuneración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) no podrán ser consideradas un incumplimiento del Estado, siempre que no impliquen una reducción de la remuneración actualmente reconocida.

La resolución también dispone que la concesionaria deberá abonar las regalías que se acuerden entre la Nación y la provincia de Mendoza, respetando la proporcionalidad de los ingresos del complejo, y presentar cada cuatro meses un inventario actualizado de los bienes propios, cedidos y equipos afectados a la concesión. La omisión de esa información será considerada un incumplimiento grave.

Asimismo, el Gobierno decidió postergar la transferencia de los activos prevista originalmente para el vencimiento del contrato hasta que concluya esta nueva prórroga. En paralelo, la empresa deberá permitir el ingreso de los potenciales oferentes que participen del futuro proceso licitatorio para realizar inspecciones técnicas de las instalaciones.

Por su parte, la Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará desempeñándose como veedora del sistema durante toda la etapa de transición, supervisando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el estado operativo del complejo.

El Sistema Hidroeléctrico Diamante está emplazado sobre el río Diamante, en la provincia de Mendoza, y cuenta con una potencia instalada de 388 megavatios, equivalente a cerca del 0,9% de la capacidad de generación eléctrica del país.

El complejo está integrado por las centrales Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, conectadas a través de un sistema de represas que se extiende a lo largo de unos 55 kilómetros.

La concesión fue otorgada en octubre de 1994 por un plazo de 30 años para la generación, comercialización y venta de energía eléctrica. Desde entonces, la producción promedio anual alcanzó los 526 GWh, aunque registró importantes variaciones de acuerdo con la disponibilidad hídrica: el máximo se produjo en 2006, con 943 GWh, mientras que el mínimo se registró en 2022, cuando la generación cayó a 303 GWh.

Actualmente, el 61% del capital accionario de la empresa Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA), concesionaria del complejo, pertenece de manera directa a Pampa Energía.

Con esta nueva extensión, el Ejecutivo busca asegurar la continuidad operativa del sistema hasta la definición del nuevo esquema de concesión, en el marco del proceso de reorganización de las centrales hidroeléctricas cuyos contratos originales comenzaron a vencer durante los últimos años.