La adecuación de la Ley de Glaciares busca mayor certidumbre jurídica y protección ambiental

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) sostuvo que el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), actualmente en tratamiento en el Congreso, constituye una oportunidad para fortalecer la protección ambiental, dotar de mayor previsibilidad jurídica al régimen vigente y consolidar un federalismo ambiental efectivo, sin debilitar la tutela de los recursos hídricos estratégicos.

En un comunicado la entidad señaló que el debate legislativo no debe interpretarse como un retroceso en materia ambiental, sino como un paso necesario para corregir imprecisiones normativas que, en la práctica, han generado interpretaciones dispares, conflictos de competencia e incertidumbre tanto para las autoridades de aplicación como para los actores económicos.

Según el IADEM, la Ley de Glaciares contiene definiciones y conceptos que han demostrado un alto grado de indefinición, lo que dificulta una aplicación uniforme y previsible. En ese sentido, advirtió que un esquema de protección ambiental basado en normas ambiguas termina debilitando la eficacia de la tutela ambiental y afectando la confianza necesaria para el desarrollo de inversiones de largo plazo.

“El fortalecimiento de la protección ambiental requiere reglas claras y precisas”, afirmó la institución, al tiempo que remarcó que una mayor precisión normativa no implica una reducción de los niveles de protección, sino, por el contrario, un aumento de su efectividad en beneficio del bien jurídico tutelado.

El comunicado también subrayó la importancia de armonizar los principios del derecho ambiental con el diseño federal consagrado en la Constitución Nacional.

Al respecto, recordó que el artículo 41 habilita al Congreso a dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Desde esa perspectiva, el IADEM destacó que el proyecto de adecuación contempla una participación activa de las provincias, lo que permitiría complementar la regulación nacional con el conocimiento técnico, territorial e institucional de las autoridades locales.

Para la entidad, este enfoque no contradice el régimen de presupuestos mínimos, sino que lo robustece y contribuye a una mejor protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares con función hídrica relevante.

Asimismo, aclaró que el involucramiento provincial no habilita actuaciones discrecionales ni al margen del ordenamiento jurídico federal. Por el contrario, remarcó que el ejercicio del dominio originario de los recursos naturales debe realizarse en el marco de los presupuestos mínimos ambientales y de las políticas definidas por el Congreso, orientadas a una explotación racional conforme al interés general.

Finalmente, el IADEM consideró imprescindible la sanción del proyecto para superar las ambigüedades del régimen actual, brindar certidumbre jurídica y fortalecer el federalismo ambiental.

En esa línea, sostuvo que el desafío consiste en articular protección ambiental y desarrollo productivo, así como Nación y provincias, de manera coherente y consensuada, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la Ley de Glaciares.