Energía y obras estratégicas
El Gobierno adjudicó 667 MW de almacenamiento eléctrico en el AMBA y superó la meta inicial
La licitación "Alma-GBA" superó en un 30% el objetivo previsto gracias al fuerte interés privado. La inversión estimada supera los U$S 540 millones.
El Gobierno Nacional anunció la adjudicación de los contratos correspondientes al proceso licitatorio "Alma-GBA", destinado a incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La capacidad adjudicada alcanzó los 667 megavatios (MW), superando en un 30% el objetivo inicial de 500 MW, impulsada por el alto interés del sector privado y la competitividad de las ofertas.
La inversión estimada para la ejecución de los proyectos adjudicados supera los 540 millones de dólares, y se prevé que entren en operación dentro de un plazo de 12 a 18 meses.
En total, 15 empresas presentaron 27 proyectos por más de 1.300 MW. De ese universo, fueron seleccionadas las propuestas más competitivas para cerrar contratos con las distribuidoras Edenor y Edesur, con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como garante de pago de última instancia.
El plan "Alma-GBA" representa la primera iniciativa de almacenamiento de energía a gran escala en Argentina mediante sistemas de baterías de última generación (BESS).
Estos sistemas permitirán mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir los cortes en los picos de demanda, disminuir los costos marginales de generación y otorgar mayor flexibilidad al despacho de energía.
Además, la Secretaría de Energía invitó a cinco proyectos adicionales —que no resultaron adjudicados por precio pero que no presentan restricciones de transporte— a celebrar contratos con las distribuidoras a un valor fijo de 12.591 USD/MWh-mes, por debajo del precio originalmente ofertado.
Estas propuestas suman en conjunto otros 222 MW, y sus responsables deberán confirmar su aceptación en un plazo de cinco días hábiles ante CAMMESA.
La iniciativa forma parte del Plan de Contingencia lanzado en 2024, que busca recuperar la infraestructura eléctrica nacional, y se enmarca en el proceso de normalización del mercado eléctrico, devolviendo a las distribuidoras su rol de contratación directa para mejorar la calidad del servicio.
