Hidroeléctricas
La Legislatura de Neuquén rechazó la desarticulación del ORSEP
A través de un decreto, el gobierno de Javier Milei redefinirá las características del Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
En su primera sesión ordinaria del 2025, la Legislatura de Neuquén cuestionó la decisión del Gobierno nacional de desarticular el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). El cuerpo de diputados y diputadas advirtieron que la medida puede derivar en situaciones de inseguridad en las comunidades ubicadas aguas abajo de las represas hidroeléctricas, como es el caso de la Confluencia neuquina.
La Comunicación 281 rechaza la decisión del gobierno nacional de reubicar al ORSEP, bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de Nación, y se la considera como una pérdida de autonomía, según dijo la diputada Cielubi Obreque (MPN).
Para la legisladora provincial, la desarticulación del ORSEP es una decisión "inconsulta, grave y dañina". El gobierno de Javier Milei emitió el decreto 75/25 el 10 de febrero último para avanzar contra el organismo, instancia a la que quedó facultado a partir de la sanción del artículo 3 de la ley de Bases.
En ese sentido, Obreque ponderó el trabajo técnico y especializado del organismo, e hizo mención a la importancia en materia de control y resguardo aguas abajo. Sobre este punto, se observó que el 90% de los fallos que puede presentar una represa se encuentran vinculados a la falta de control y supervisión.
La reestructura el organigrama del Ministerio de Economía de la Nación establece que la Secretaría de Obras Públicas ejercerá el control tutelar del ORSEP y del Instituto Nacional del Agua (INA). El Gobierno de Neuquén expresó que tiene dudas sobre el concepto de "control tutelar" y lo que generaría respecto a las competencias y la continuidad de las funciones del ORSEP.
El desmantelamiento del ORSEP y el pronunciamiento de la legislatura neuquina son parte de una historia más extensa sobre el futuro de las represas sobre los ríos Negro y Limay. Nación quiere avanzar con una nueva licitación de cinco complejos hidroeléctricos, donde las provincias participarán del armado del pliego, mientras está vigente una prórroga de las concesiones vencidas en 2023.
A su turno, el diputado Darío Martínez (Unión por la Patria) criticó la medida por la gravedad que conlleva pero la enmarcó en la ley bases que faculta al Ejecutivo nacional a rearticular las figuras jurídicas de varios organismos estatales, por lo que cuestionó el acompañamiento de los legisladores neuquinos que votaron dicha norma en el Congreso de la Nación.
Desde la bancada oficialista, Ernesto Novoa (Comunidad) apoyó la iniciativa y explicó que el decreto constituye una muestra de la forma en que "un Ejecutivo centralista" trata a las provincias al tomar decisiones sobre recursos que les son propios. Y remarcó: "Repudio este maltrato".
Desde JxC-UCR, César Gass también rechazó la decisión al remarcar la peligrosidad que implica la falta de control de las represas y asegurar que "deja indefensa a toda una población". Por Fuerza Libertaria, Alberto Bruno también objetó el decreto y coincidió en la necesidad de "defender los intereses de nuestra provincia".
