Qué efectos tendría la eliminación de fondos fiduciarios en el sector energético

Tras la caída del proyecto de Ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno nacional anunció el objetivo de "eliminar los fideicomisos", a los que definió como "cajas negras de la política".

La medida representa unos U$S 2.000 millones y equivale a un ajuste de medio punto del Producto Bruto Interno. La mayoría están destinados a financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte.

Los fondos fiduciarios que el Gobierno pretende eliminar por decreto son básicamente el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte, de Desarrollo Provincial, los fondos Procrear y Progresar, el de Transporte Eléctrico Federal, Infraestructura Hídrica, Estabilizador del Trigo y de Cobertura de Salud.

Como los fideicomisos públicos funcionan en la práctica como presupuestos que afectan directamente a las provincias, el proyecto de su eliminación agudizó  el conflicto entre los gobernadores y el Gobierno Nacional.

Precisamente, el inciso "h" del artículo 4° del proyecto de Ley Ómnibus  habilitaba al Poder Ejecutivo Nacional a "transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos".

Este artículo fue, precisamente, uno de los más cuestionados por los gobernadores, y uno de los que precipitó la suerte de la ley.

Consultado sobre el tema, el economista Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora, explicó que los fideicomisos son útiles para atender con mayor rapidez, flexibilidad y certeza necesidades concretas, por ejemplo, algunos ligados al sector energético como de obras de infraestructura, o estudios.

"Para alcanzar ese objetivo, elude los mecanismos estándar de auditoría de cualquier gasto del Estado, es decir resigna transparencia", advirtió.

En este sentido, señaló que "la eventual eliminación de estos mecanismos inicialmente supondrá la desfinanciación de algunos proyectos o que pasen a ser financiados por mecanismos normales. En todos los casos, se verificará una ralentización instantánea en el ritmo de fondeo y de ejecución, por disponer de menos fondos, por pasar a mecanismos más regulados o por la mera transición que implica un cambio formal o de financiamiento. De forma instantánea se generará tensión financiera sobre los proyectos que hoy aprovechan este mecanismo".

Para algunos analistas el más problemático sería la eliminación del Fondo Eléctrico Federal de Transporte, dado que habría que buscar otra fuente de financiamiento o régimen de incentivos para las empresas privadas inviertan en este tipo de proyectos en líneas de 500 kV, aunque el verdadero problema, aseguran, se encuentra en las distribuidoras troncales de 132 kV.

"Hace tiempo que no hay control de la finalización de las obras y eso hay que corregirlo", apuntaron. Los fondos fiduciarios o fideicomisos públicos)son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar cada vez en mayor medida a partir de la década del '90.

Según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso, estos fondos concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país.