El nuevo marco normativo

Cuáles son los puntos clave del Proyecto de “Ley Ómnibus” que impactan al sector energético

Regalías, privatizaciones, prórrogas en las concesiones, libre exportación, abastecimiento del mercado interno, fondos fiduciarios, y el rol de las provincias productoras de hidrocarburos, son algunos de los temas centrales que hoy forman parte del debate.

Cuáles son los puntos clave del Proyecto de “Ley Ómnibus” que impactan al sector energético
En principio se mantienen las facultados provinciales que emanan de la Constitución Nacional y la “ley corta” de 1994
En principio se mantienen las facultados provinciales que emanan de la Constitución Nacional y la “ley corta” de 1994

El proyecto de Ley Ómnibus  presentado a fines de diciembre por el gobierno de Javier Milei viene afrontando sucesivas modificaciones  producto de la falta de consensos. Actualmente el oficialismo y la oposición debaten punto por punto en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en una sesión que podría durar varios días.

El nuevo proyecto de ley que introduce cambios en la desregulación en el sector oil & gas en el esquema de subsidios, libre exportación, rol de las provincias productoras, y riesgo de desabastecimiento del mercado interno, sufrió modificaciones significativas respecto del texto original.

El proyecto imponía cambios en la denominada Ley Corta, la reforma de la ley de hidrocarburos que fijó la potestad de los recursos naturales en manos de las provincias, tal como lo había establecido la reforma de la Constitución en 1994.

Finalmente la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) logró modificar en "un  85 por ciento" los cambios que impulsaba para el sector oil and gas el proyecto de Ley que se trata en el Congreso de la Nación, lo cual permitió avanzar en algunos aspectos que también van a beneficiar a las provincias productoras.

Precisamente un análisis de la consultora E&E permite avizorar que en el sector de hidrocarburos en principio se mantienen las facultados provinciales que emanan de la Constitución Nacional y la “ley corta” derivada del “dominio originario”,  pero se limita parcialmente la facultad de otorgar prórrogas. A su vez, se autoriza hasta fines de 2026 la reconversión de áreas convencionales en no convencionales.

El cambio introducido al art. 6°de la Ley 17.319 de Hidrocarburos tendiente a garantizar la libre exportación de los hidrocarburos y sus derivados fue relativizado.

“El efectivo ejercicio de este derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: en primer lugar, los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y en segundo término,  que, en caso de ocurrir, la objeción por parte de la Secretaría de Energía, la cual sólo podrá ser ejercida dentro de los 30 días de ejercido el derecho de exportación, esté fundada por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá realizar objeción alguna,” detalla el texto de la nueva ley.

Entre otras consideraciones se prevé un incremento en el canon petrolero en exploración (con excepción de las prórrogas) y en explotación.  Y, además, las exportaciones de GNL estarán sujetas a reglamentación.

En materia de privatizaciones se modifican las empresas y sociedades del Estado  “sujetas a privatización”, quedando dentro de este listado empresas como ENARSA, YCRT, Dioxitecy Nucleoeléctrica.  La empresa petrolera YPF queda excluida.

En el sector de biocombustibles las provincias productoras de biocombustibles incidieron para retrotraer el proyecto original, que suponía una profunda transformación del mercado de este producto.

En cuanto a los fondos fiduciarios del sector energético se mantendría la potestad de modificar, transformar o eliminarlos, inclusive los destinados a subsidios (Art. 75 de la Ley Nº25.565 y 27.637).

También con respecto a los contratos entre partes en el Art. 28, el Poder Ejecutivo queda facultado para renegociarlos o rescindirlos, siempre y cuando fueran celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.

Del lado de las Pymes la preocupaciones siguen orientadas a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a partir del DNU, como la eliminación de la Ley N° 27.437 que establecía el Régimen de Compre Argentino, las declaraciones en torno a la eliminación del Banco Nación y el aumento del impuesto PAIS.

Los representantes de las pequeñas y medianas empresas expresaron su inquietud por el  incremento de derechos de exportación y alícuotas del impuesto país para la importación de insumos productivos; y asimismo la potencial desprotección del entramado productivo local en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ante las asimetrías industriales estructurales existentes.

 

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