Tarifas: la mirada de un especialista sobre segmentación

Pese a que el ajuste de tarifas debe implementarse a partir del 1 de julio, aún se demora el procedimiento para la segmentación dispuesta por el Estado Nacional, a través del Decreto 332/2022, donde se detallaron los distintos porcentajes de aumentos y quienes se quedarán sin subsidios.

La nueva medida aclara que los usuarios residenciales deberán registrarse y firmar una declaración jurada para seguir cobrando el subsidio. Se creará un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) con un padrón de beneficiarios. Los titulares del servicio deberán completar un formulario, y el Estado identificará la capacidad de pago de cada usuario y se otorgará el beneficio en caso de corresponder.

Si bien desde el Gobierno aseguran que será un procedimiento sencillo y que habrá un período de 3 meses para inscribirse, Jorge Niemetz, consultor en mercados energéticos, afirmó en una entrevista con Mejor Energía que “todavía resta mucho por definir”.

“Es muy precario movilizar al 80% de los clientes residenciales para anotarse en una plataforma o concurrir al ANSES. Va a generar mucha confusión e injusticias respecto de la redistribución de los subsidios. Estamos hablando de una masa crítica de 9.100.000 usuarios, de los cuales el 20% hoy paga una tarifa social”, explicó.

Desde el Gobierno estiman que el nuevo esquema permitirá identificar al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago y el 90% de los usuarios residenciales no perciban otro aumento de la tarifa este año, con una protección mayor a los segmentos de menores ingresos.

En el Decreto 332/2022 se establece que “a partir del nuevo Régimen, una vez analizadas las solicitudes por parte del Estado, en el caso de considerar errónea su categorización, los usuarios podrán solicitar una reconsideración en el nivel de subsidio de una manera ágil.

Asimismo, los segmentos medios y vulnerables no tendrán otros incrementos en sus facturas este año. De esta manera, para el segmento de menores ingresos la factura de referencia bajo jurisdicción nacional, no superará el 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial), mientras que para el segmento medio no superará el 80% del mencionado coeficiente. En esta línea, ya se registraron incrementos en las facturas ya aplicados y totales del 21,4% y 42,7% respectivamente en el área de jurisdicción nacional”.

Niemetz aclaró que actualmente ya existe una segmentación que pocos conocen. “Existen 8 categorías de clientes divididos por consumo. La diferencia entre el cargo fijo del cliente que más paga con respecto al que menos paga es de 447% y el cargo variable supera el 28%. Además de la tarifa social”, clarificó.

De acuerdo a los ingresos, los usuarios quedarán divididos en tres categorías. El nivel 1 está integrado por el sector de mayores ingresos que pagarán el costo pleno del gas y/o la electricidad contenido en la factura, en virtud de reunir al menos una de las siguientes condiciones: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el INDEC; ser titulares de 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años; ser titulares de 3 o más inmuebles; ser titulares de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo; ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

El nivel 2 está integrado por usuarios quienes, tomando como referencia el ámbito de jurisdicción nacional, el impacto en factura equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura de hasta el 40% del CVS del año anterior, en virtud de reunir alguna de las siguientes condiciones: ingresos netos menores a un valor equivalente a 1 Canasta Básica Total (CBT); integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP); domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM; tener Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. No podrán formar parte de este segmento aquellos hogares que sean propietarios de 2 inmuebles, o de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad.

Por último, el nivel 3 está conformado por ingresos medios y tendrán un incremento porcentual total anual en su factura no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

A diferencia de cómo se implementó la tarifa social, Niemetz sostuvo que, en este caso, la proactividad la tiene el usuario.

“Cada persona tiene que presentar la documentación y demostrar en qué nivel se encuadra para seguir cobrando o no el subsidio. No sé cómo van a controlar eso. Además hay otro problema serio en Argentina: la economía en negro que hoy alcanza el 45%. Quienes estén en este grupo les será muy difícil seguir pagando la tarifa subsidiada”, argumentó.

El tema de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos es seguido de cerca por el FMI y está atado a la política energética vigente y al déficit comercial y fiscal.

Niemetz también opinó acerca de la producción de gas, una de las claves de la balanza comercial energética nacional:

“Hubo una importante recuperación en cuanto a la producción de gas natural en el país. El año pasado fue de 120 millones de m3/día y este año supera los 130 millones de m3/día. Hay 40 millones de m3/día que se importan, pero las señales son de sostenimiento. El foco está puesto hoy en reducir la importación de GNL que se hace por barcos y la del gas boliviano, que generan un agujero importante en la economía local”, puntualizó el experto.

A continuación, el video con la entrevista completa: