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La Justicia dice que las areneras que no certifiquen no van a poder abrir

La justicia entrerriana busca poner un marco jurídico al negocio de la arena silícea que creció abruptamente desde 2018, por la gran demanda de la producción no convencional en Neuquén.

La  Justicia dice que las areneras que no certifiquen no van a poder abrir
Depósito de arena en Vaca Muerta
Depósito de arena en Vaca Muerta

Mediados del mes de junio próximo vence el plazo para que la empresas que producen y explotan arenas silíceas en las Islas del Ibicuy y Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, regularicen su situación ambiental y puedan seguir operando.

"Las areneras y todas las canteras, sin estudio de impacto ambiental, no pueden trabajar. Necesitan la habilitación de la Secretaría de Minería para la extracción de arena; y además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente. Las que no cuenten con esta documentación el gobernador ha sido claro: no van a poder abrir", explica a MejorEnergía, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Fiscal Julio Rodríguez Signes

 El boom de Vaca Muerta y el aumento de la exploración y producción en los yacimientos no convencionales dieron un impulso impensado al negocio de extracción y comercialización de las arenas silíceas en suelo entrerriano. De hecho, hace 4 años toda la arena que se importaba desde EEUU comenzó a producirse en la provincia de Entre Ríos. Esto dio pie a una intensificación de la actividad minera en cuanto arenas se refiere.

"Ocurre en este contexto que muchas de esas empresas no cumplían con las normativas que regulan las acciones susceptibles de provocar degradación del medio ambiente, o pero aún ni siquiera estaban habilitadas por la Secretarías de Ambiente y Minería", describe el fiscal.

Aunque reconoce que a esta situación se agrega " el hecho que teníamos una Secretaría de Minería que no estaba preparada para responder a dicha demanda.  Es decir, la legislación estaba pero había que ordenarse. Era un descontrol".

Del expediente se desprende que de las 14 areneras radicadas en las zonas de las Islas de Ibicuy y Gualeguaychú, sólo a nueve la Justicia les dispuso el cese de actividades. De estas nueve, tres poseen informe técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación. La mayoría de estas empresas le venden a las petroleras que operan en Vaca Muerta.

Según informó la Secretaría de Comunicación de la provincia, el 29 de abril pasado en el marco de una audiencia de conciliación desarrollada en el juzgado Federal de Gualeguaychú, se llegó a un consenso entre las partes, aceptándose la propuesta de las autoridades provinciales y se convino prohibir a las empresas que no tengan el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), otorgado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, realizar actividades de extracción de arena silícea de las Zonas I, II, III, IV y V de los ríos Paraná y Uruguay, en lo que concierne a la provincia de Entre Ríos, por un plazo de 45 días, lo cual vencería mediados de junio, aproximadamente.

"Las empresas fueron intimadas en tiempo y forma para cumplimentar las exigencias que establecen las normativas para este tipo de producciones extractivas, la Secretaría de Ambiente decidió el cese preventivo de sus actividades hasta tanto presenten los informes técnicos que exige este tipo de explotaciones", señala Signes.

La situación se habría originado, a través de la presentación de diversas acciones de amparo por parte de organizaciones ambientales que cuestionan este tipo de actividad, y más aún si no poseen los estudios de impacto ambiental que exige la ley.

"No voy a negarle que hay presión por parte de los ambientalistas. Lo ideal en este tipo de actividad es extraer la arena en el río y no en el continente, es menos contaminante. Y no debería salir en granel, sino más bien embolsado o precintado", desliza Signes.

 Y despeja cualquier duda acerca de la voluntad del gobierno provincial de solucionar este tema, que representa para los entrerrianos una oportunidad de generar trabajo y actividad económica.

"Esto había que ordenarlo. El objetivo es regularizar el cumplimiento de la Ley de Minería y de la Ley Nacional de Ambiente y hacer que ésta industria sea más sustentable”, concluye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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