El frente tarifario tras las audiencias públicas

Las distribuidoras se plantan con críticas ante la segmentación

Observan con desconfianza la propuesta del gobierno. Las perspectivas de que mejoren sus finanzas siguen siendo lejanas.

Las distribuidoras se plantan con críticas ante la segmentación
Las empresas del sector reclaman tarifas "justas y razonables".
Las empresas del sector reclaman tarifas "justas y razonables".

Las distribuidoras de gas y electricidad están en estado de alerta y les sobra preocupación. El debate sobre la segmentación de tarifas que propone el gobierno en el marco de las audiencias públicas por los aumentos de luz y gas generan intranquilidad entre los empresarios.

Desde la mirada de las distribuidoras de gas natural, el cumplimento del principio de passthrough o de neutralidad económica que está definido en el marco regulatorio, resulta clave.  

Y en la ley el concepto es claro: las variaciones del precio de adquisición del gas "...serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al Distribuidor".

Consultado por Mejor Energía, Daniel Martini, Director Ejecutivo de ADIGAS, dejó en clara su postura:

"La segmentación de usuarios es una prerrogativa del Estado pero debe garantizarse que, al instrumentarla, las distribuidoras no se vean perjudicadas, asegurando el cumplimiento del principio de la neutralidad económica en la compra de gas y contemplando las limitaciones y dificultades que tendrá su puesta en marcha", señaló.

Para ADIGAS, la segmentación exige que las empresas reciban de las autoridades el listado de usuarios que queden asignados a cada segmento tarifario.

"El nuevo esquema implica modificaciones en los sistemas informáticas y de facturación de las distribuidoras. Aún sin conocerse detalles y sobre la base de experiencias similares, las distribuidoras estiman un plazo mínimo de 8 semanas y que tendrá un costo significativo. La información sobre titularidad de los usuarios presenta limitaciones. En 2022 y por instrucción de ENARGAS se enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que actualicen su datos de titularidad y la respuesta voluntaria fue de apenas un 2,5%", advirtió Martini durante la audiencia pública.

El tratamiento de la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado, tampoco convence a los distribuidores eléctricos.

"La falta de previsibilidad encarece los costos del servicio. Las distribuidoras deben tener la oportunidad de contar con tarifas justas y razonables que permitan ingresos suficientes para cubrir costos operativos, impuestos y costos de capital operando en forma prudente y económica. En el recálculo de los cuadros tarifarios de cada una de las distribuidoras, se deben reconocer los costos del servicio",  aseveró a Mejor Energía, Claudio Bulacio, gerente de ADEERA.

Y en cuanto a lo que viene, propuso lograr, por un lado, la sanción de un precio estacional único, donde se prevea un sendero de recuperación a definir por la Secretaría de Energía, y por el otro, sostener los subsidios para los usuarios vulnerables.

Entre las consideraciones iniciales, la asociación que nuclea a 49 empresas distribuidoras de energía eléctrica, aseguró que no participó en el proceso de la definición de la segmentación.

"El único ingreso que reciben de las empresas distribuidoras (VAD) seguirá sin modificaciones luego de estas audiencias públicas", estiman sin demasiado entusiasmo.

El costo de la cadena de la energía eléctrica del país lo paga el usuario por tarifa o los ciudadanos por impuestos. "Por ley el precio debe reconocer los reales costos eficientes de producción. El precio mayorista debe ser único para todos los usuarios. Además, debe subsidiarse únicamente a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica", comentó Bulacio.

Según el informe presentado en la Audiencia, en los últimos años, el ajuste de los ingresos de las Distribuidoras (VAD) fue sensiblemente inferior a la inflación, no obstante las empresas privilegiaron la prestación del servicio frente a otras obligaciones.

De todos maneras, se experimentó un aumento de la morosidad y de las pérdidas, lo cual impacta en los ingresos pero no en los costos.

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