Nación y provincias en disputa por el futuro de las hidroeléctricas

El destino de las 22 represas hidroeléctricas que en 8 provincias del país comienzan a vencer sus contratos de concesión a partir de agosto de 2023, ya empezó a jugarse con un contrapunto entre la Nación y la provincia de Neuquén, que reclama la discusión de alternativas para la administración, operación, mantenimiento y explotación de las obras sobre la cuenca del Comahue. Las opciones requieren definiciones de fondo, ya que contemplan desde la prórroga de los actuales operadores, avanzar en nuevas concesiones a privados, retornar a manos del Estado nacional o en su defecto transferir o compartir potestades con los estados provinciales.

En su planteo, Neuquén sumó a la vecina Río Negro a partir del entendimiento de sus gobernadores Omar Gutiérrez y Arabela Carreras, para de manera conjunta avanzar en propuestas de acción y en generar los instrumentos jurídico-institucionales adecuados para plantearle al Gobierno nacional sobre los aprovechamientos emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén; contemplando las normas de uso de agua y cuestiones ambientales referentes al recurso.

La discusión que se mantenía latente desde el año pasado se reavivó en los últimos días cuando la Secretaría de Energía de la Nación anunció la conformación de un equipo de trabajo para analizar los próximos vencimientos de contratos, tras 30 años de estar en manos de operadores privados. El Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados” (ETAHC) estará integrado por representantes de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa).

Neuquén y Rio Negro no sólo están pidiendo sumarse a esta comisión, sino que incluyen en su reclamo la aplicación de la llamada Tarifa Comahue que como principales generadores de energía del país le permitiría a sus habitantes un consumo eléctrico a precios diferenciales que podría significar la reducción de entre 15% y 40%.

En su conjunto, los aprovechamientos hidroeléctricos nacionales y binacionales, junto a los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH), aportan aproximadamente el 20% de la generación total en el ámbito del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con una potencia instalada superior a los 14,5 GW.  Pero de las 22 represas, tan sólo Alicurá (AES), Piedra del Águila (Central Puerto), El Chocón-Arroyito (Enel) y Cerros Colorados (Orazul), representan el 67 % de la energía eléctrica producida por todas las centrales hidroeléctricas bajo concesión del Estado nacional y serán las primeras concesiones en caer en el segundo semestre del año próximo.

Elias Sapag, representante neuquino ante la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) 

Explicó que la vocación de las dos provincias patagónicas es “la administración de las concesiones en lo que hace a la operación y mantenimiento y comercialización de la energía” para lo cual se avanzó en los informes del estado de las presas, en lo civil, lo electromecánico, lo ambiental a través del órgano de seguridad de presas del Comahue. “Es necesario evaluar las alternativas posibles para una administración conjunta a los efectos de darle cumplimiento a la Constitución nacional, a las leyes y contratos que la Nación no cumplió nunca”, aseveró.

Sapag –también integrante del Organismo Regulador de la Seguridad de Presas- aseguró que el Estado nacional administrando las represas no cumplió con darle seguridad los habitantes de la región después de las crecidas de 2006 y 2008 construyendo la represa Chihuido, pero tampoco resolvió el problema del abastecimiento con estos 13 años de sequías en el que cada año se restringe más agua, ni avanzó con el compromiso global de energías renovables con la construcción de nuevas hidroeléctricas, sino que construyó dos centrales térmicas a gas en San Nicolás.

“Pero tampoco cumplió con las pautas económicas por las regalías mal liquidadas que debió pagarle a las provincias en función de lo que le paga a las concesionarias por la energía que producen”, una deuda estimada en 900 millones de pesos en el caso de Neuquén de acuerdo al planteo presentado ante la Secretaría de Energía de la Nación por lo que consideran son “alteraciones unilaterales de los contratos”.

Para Roberto Fagan, ex gerente de El Chocón y hoy consultor en Desarrollo de Negocios Energéticos trazó un sendero inmediato en el que se debería hacer primero un análisis del estado de las instalaciones y las obras necesarias e imprescindibles que en cada una de ellas deberían realizarse. En segundo lugar, avanzar en un análisis crítico de qué debería mejorarse en los nuevos contratos de las concesiones y en el control de ellas, y finalmente escoger si se prorrogarán las concesiones a las actuales operadoras, si se harán nuevas concesiones a empresas privadas o si volverán a manos del Estado.

Según el analista, no quedan claras las pretensiones de “administración compartida” de Neuquén y consideró inviable la transferencia de la propiedad, ya que “los activos se encuentran registrados bajo la titularidad de la Nación y las obras fueron costeadas mediante recursos aportados por todos los ciudadanos a través de fondos específicos”. Por el contario, la única opción que advierte Fagan es el camino de la donación, que sólo podría ser viable mediante la sanción de una ley nacional.

Al frente de un reciente trabajo para elevar al debate propuestas para el futuro de las hidroeléctricas, Fagan destacó que el fin de las concesiones es “una oportunidad enorme” para que el Estado -a partir de la recuperación de los activos- vuelva a contar con una herramienta estratégica de desarrollo para que con la venta de energía de esas centrales se puedan concretar nuevos aprovechamientos hidroeléctricos.