Las exportaciones para el gas de Vaca Muerta

La justicia federal rechazó el amparo presentado por ambientalistas contra el GNL en Río Negro

La Justicia Federal de Viedma rechazó el amparo ambiental para frenar el proyecto de licuefacción de Southern Energy en el Golfo San Matías. El juez Greca desestimó la cautelar y cuestionó a las demandadas por omitir litigios previos.

La Justicia Federal de Viedma desestimó la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para frenar las obras del proyecto de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías, impulsado por el consorcio Southern Energy. La resolución, firmada por el juez federal subrogante Hugo Horacio Greca, no solo habilita la continuidad de los trabajos en la costa rionegrina, sino que además intima a una de las entidades demandantes por haber omitido informar sobre un litigio previo y conexo en la justicia provincial.

En la parte dispositiva del fallo al que tuvo acceso Mejor Energía, el magistrado resolvió en dos puntos concretos. En primer lugar, intimar a la coactora Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas para que, en un plazo de cinco días, informe sobre el estado procesal y su participación en el expediente "Fundación Inalafquen y otros c/ Provincia de Río Negro s/ Acción de inconstitucionalidad", bajo apercibimiento de resolver con los elementos ya existentes.

En segundo término, el juez Greca decidió rechazar de plano la medida cautelar que pretendía suspender todo movimiento de suelo, obras marítimas, obradores y acopio de insumos hasta el dictado de una sentencia definitiva. Con el avance de estas obras, Southern Energy será el primer proyecto exportador de la Argentina a partir del último trimestre de 2027, con una inversión prevista bajo el RIGI de unos US$15.000 millones durante los próximos 20 años.

La decisión judicial llega en un momento clave para el cronograma del megaproyecto energético. El consorcio encargado del proyecto, integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, comenzó días atrás con las tareas de soldadura del gasoducto dedicado que unirá Vaca Muerta con el Golfo San Matías para abastecer durante todo el año a los dos buques de licuefacción -el Hilli Episeyo y el Esperanza-, los cuales llegarán a las costas argentinas a mediados de 2027 y de 2028 respectivamente.

Tuberías para el plan exportador en la costa de Río Negro.

 

Las claves jurídicas del fallo

Para fundamentar el rechazo a la cautelar impulsada por la mencionada asociación de abogados y la FARN, el juez Greca realizó un análisis procesal y sustancial en los considerandos de la sentencia. En principio, advirtió una falta al deber de probidad y lealtad procesal por parte de los demandantes.

Al revisar los registros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juzgado detectó que la entidad coactora ya había promovido una demanda en la justicia rionegrina cuestionando el artículo 15 de la ley provincial 5594 -norma que habilitó la instalación de ductos y terminales en el golfo al modificar la ley 3308-, expediente que hoy se encuentra en queja ante el máximo tribunal.

Sobre este silencio en una demanda de 106 hojas, el fallo subraya que "llama francamente la atención que ese extremo jurídico y judicial no haya sido dado a conocer por la parte en su escrito de demanda, no escueto en verdad, actitud esperable frente al principio de lealtad procesal aplicable".

Al abordar el fondo de la medida precautoria, el magistrado cuestionó la superposición procesal planteada por los ambientalistas, quienes iniciaron una acción preventiva de daño ambiental (artículo 1711 del Código Civil y Comercial) y, en simultáneo, pidieron una cautelar con idéntico objeto: paralizar el emprendimiento.

El juez explicó que el reclamo no apunta a un daño ambiental inevitable derivado de la obra en sí, sino a supuestas fallas administrativas en los certificados de aptitud ambiental otorgados por Río Negro. En esa línea, sostuvo que analizar la cautelar implicaría estudiar "la previsibilidad de la previsibilidad de la ocurrencia del daño ambiental, y esto no es un juego de palabras", advirtiendo que concederla funcionaría como una medida autosatisfactiva que alteraría los hechos sin escuchar previamente a la demandada.

Respecto al requisito de "peligro en la demora", el juzgado descartó que los hechos complementarios denunciados a fines de octubre -entre ellos, la llegada del buque Vigor con 3.487 caños para el gasoducto San Matías Pipeline- configuren un riesgo fáctico inmediato para el ecosistema.

Según el fallo, la descarga y acopio de tuberías en la costa no demuestra por sí sola una amenaza ecológica urgente, aclarando que "ese peligro debe analizarse en relación a las consecuencias del acto (dañinas al ambiente, en el caso), no en relación al acto mismo". También desestimó introducir en este fuero la denuncia administrativa contra la firma británica Harbour Energy (socia minoritaria del consorcio) por su pasada actividad en las Islas Malvinas, señalando que esa investigación tramita en la justicia penal federal porteña y es ajena al objeto ambiental de la causa.

La verosimilitud del derecho 

Por otro lado, Greca criticó severamente la "verosimilitud en el derecho" invocada por las organizaciones, remarcando que ni siquiera adjuntaron en el expediente las resoluciones provinciales (247/25 y 322/25) que aprobaron los estudios de impacto ambiental onshore y offshore, limitándose a calificarlas como irrelevantes.

El magistrado recordó que la autoridad de aplicación provincial es competente según la Ley General del Ambiente y señaló una contradicción en los actores, quienes cuestionan la validez del certificado pero utilizan las observaciones técnicas incluidas en ese mismo documento estatal como prueba de los riesgos.

Además, corrigió la interpretación de los demandantes sobre un fallo previo de la Cámara Federal, aclarando que la alzada solo habilitó el fuero federal por el carácter interjurisdiccional del Golfo San Matías, pero "en modo alguno tuvo por 'debidamente acreditados los riesgos derivados del emprendimiento' de LNG, pues si ello fuera así, habría entonces ya dictado sentencia".

Finalmente, el magistrado apeló al principio de proporcionalidad y "prohibición de exceso" fijado por la Corte Suprema para ponderar las consecuencias de frenar la iniciativa. Destacó que suspender las obras afectaría "compromisos económicos de inversión ya asumidos, los mayores en la historia de la inversión privada argentina", además de acuerdos institucionales entre Río Negro y las compañías, compromisos bajo el RIGI y autorizaciones nacionales de exportación de GNL.

Para el juez, el mandato constitucional no implica elegir de manera simplificadora entre ambiente o desarrollo, sino lograr una ponderación equilibrada: ante la falta de peligro en la demora, de verosimilitud en el derecho y de proporción frente al perjuicio a terceros, el rechazo de la cautelar resultó la única vía jurídicamente viable.

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