Vicuña: la Justicia de San Juan avala la continuidad del megaproyecto tras el conflicto con La Rioja

La Justicia de San Juan habilitó este martes la continuidad del proyecto minero Vicuña, un emprendimiento de cobre y oro que involucra una inversión de US$ 18.000 millones y está siendo operado por BHP y Lundin Mining.

Esta decisión judicial se produjo en respuesta a una medida cautelar solicitada por las empresas ante un conflicto con la provincia de La Rioja, que había impuesto restricciones sobre el tránsito en una ruta provincial clave para las operaciones del proyecto.

El conflicto interprovincial surgió luego de que La Rioja notificara la imposición de restricciones de tránsito en una ruta vinculada al proyecto Vicuña, afectando su capacidad de operar. Ante este escenario, el equipo legal de las empresas recurrió a la Justicia de San Juan, solicitando una medida preventiva para asegurar la continuidad de las actividades mineras.

La respuesta fue favorable, con un fallo del juzgado de primera instancia que garantiza la operatividad del proyecto, destacando que solo las autoridades de San Juan tienen la facultad de suspender o bloquear las operaciones, dado que la habilitación minera otorgada por el Ministerio de Minería de San Juan se encuentra vigente.

El proyecto Vicuña, que abarca tanto la extracción de cobre como de oro, está considerado como uno de los desarrollos mineros más importantes a nivel mundial, no solo por su magnitud, sino por su impacto económico en la región. La inversión de US$18.000 millones lo posiciona como un eje clave en la industria minera global.

En términos de empleo, se estima que durante la fase de construcción se crearán hasta 6.000 puestos de trabajo, con un promedio de 4.000 durante el pico de actividad. Posteriormente, durante la fase de operación, la mina generará alrededor de 800 empleos directos especializados. A su vez, el proyecto promete activar una amplia red de proveedores y servicios asociados, que potenciarán el empleo indirecto y la economía regional.

Además de sus beneficios laborales, el proyecto Vicuña tiene el potencial de transformar la matriz productiva de la región, aumentando significativamente la exportación de minerales y recursos energéticos. Sin embargo, el control de sus accesos y la distribución de recursos también ha provocado tensiones entre las provincias involucradas, especialmente en cuanto a la gestión de los recursos estratégicos que implica.

La resolución judicial subraya la importancia de garantizar la estabilidad operativa del proyecto en el contexto de la creciente demanda de minerales en los mercados internacionales.

Las autoridades de San Juan, por su parte, se mantienen firmes en su respaldo al emprendimiento, asegurando que Vicuña se desarrollará bajo el marco legal de la provincia, como lo establece la habilitación vigente.

La medida cautelar garantiza que el acceso al proyecto no podrá ser bloqueado por ninguna autoridad ajena a San Juan, a menos que exista una resolución judicial posterior que revoque la habilitación.