Brasil sigue pendiente de una larga discusión judicial sobre el futuro del fracking

El sector energético de la Argentina y de los Estados Unidos lograron demostrar que el aprovechamiento de recursos no convencionales puede transformar economías enteras. Sin embargo, en Brasil, la técnica de la fracturación hidráulica o fracking permanece atrapada en un laberinto de litigios que data de hace más de una década.

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) se convirtió ahora en el escenario donde se define si el país vecino dará el salto hacia la autosuficiencia gasífera o si mantendrá la prohibición de facto que impera sobre sus vastas reservas de gas de esquisto, decisión que debe atravesar previamente un conflicto de jurisdicciones y posturas sumamente encontradas.

Bajo la relatoría del ministro Afrânio Vilela, el STJ abordó el Incidente de Asunción de Jurisdicción 21 (IAC 21), un caso que no se considera un juicio común sino un “proceso estructural”. Según el Consejo Nacional de Justicia, esta clasificación se otorga a causas que requieren una reorganización de políticas públicas o buscan resolver situaciones de incumplimiento permanente.

Tal como se viene reflejando en los cruces de fallos judiciales y normativas federales, en la reciente audiencia del STJ se destacó la disonancia entre tribunales: mientras estados como Paraná y Santa Catarina prohíben la técnica, la normativa federal de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) la permite desde 2014. Esta contradicción genera una incertidumbre jurídica que ahuyenta cualquier perspectiva de inversión de largo plazo.

El fracking, entre el principio de precaución y la oportunidad energética

El origen de esta parálisis se remonta a 2013, cuando el Ministerio Público Federal (MPF) impugnó las licitaciones de la ANP para la exploración onshore. El argumento del MPF, sostenido nuevamente en la audiencia por el procurador Aurélio Virgílio Veiga Rios, se basa en que la falta de estudios locales específicos obliga a aplicar el principio de precaución. Para el organismo, hasta que no exista una regulación que garantice riesgo cero, la actividad debe permanecer suspendida.

Adriano Pires, socio director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE), ofrece una visión pragmática y técnica que refuerza la postura del Ministerio de Minas y Energía. Según el especialista, Brasil posee la décima reserva mundial de gas de esquisto, estimada en 245 billones de pies cúbicos, pero se encuentra en un estado de parálisis injustificada. Pires destaca que la tecnología no solo ha evolucionado desde sus inicios en 1947, sino que hoy permite un control milimétrico del subsuelo, evitando cualquier tipo de explosión o fractura descontrolada.

La fracturación hidráulica consiste en inyectar fluidos —agua, arena y productos químicos— en las rocas para liberar el gas y el petróleo atrapados. El proceso no es agresivo y se realiza únicamente dentro de la zona de interés, lo que permite controlar los impactos y evitar daños a otras capas. “No hay explosión ni fracturación del subsuelo”, aseguró el director del CBIE en medio de un debate de alta relevancia para la industria, incluso más allá del desarrollo del presal.

La comparación con la Argentina resulta inevitable. Al cierre de 2025, la producción argentina de gas natural proviene en un 66 % del shale gas, con casi el 100 % de los nuevos pozos utilizando fracturación hidráulica. “Es una ironía —señala la documentación técnica del especialista— que Brasil importe gas de Vaca Muerta o de formaciones estadounidenses mientras bloquea su propia producción por miedos que la ingeniería moderna ya ha mitigado”.

La audiencia en el STJ no fue unánime. Moara Giasson, del Ministerio de Medio Ambiente, planteó como preocupación central la seguridad hídrica. Según su postura, Brasil carece de la infraestructura necesaria para gestionar el volumen y la toxicidad de los fluidos de retorno. A esta visión se sumó la de Bianca Dieile da Silva, investigadora de Fiocruz, quien alertó sobre posibles impactos en la salud pública, citando estudios estadounidenses que vinculan la cercanía de pozos con un aumento en hospitalizaciones por asma y problemas congénitos.

Este enfoque fue cuestionado por representantes de la industria como Claudio Fontes Nunes, del Instituto Brasileño de Petróleo (IBP), quien sostuvo que los riesgos deben evaluarse “proyecto por proyecto” y no mediante prohibiciones genéricas. Para el sector industrial, el marco legal vigente de la ANP ya contempla medidas de mitigación ambiental y monitoreo de sismicidad inducida que se encuentran entre las más rigurosas a nivel global.

Más allá de la disputa técnica, el debate adquiere una dimensión geopolítica y social. Marcos Troyjo, del Foro Económico Mundial, advirtió que en un escenario de “ESG 2.0”, la seguridad energética es sinónimo de soberanía. El gas natural emite un 44 % menos de COâ‚‚ que el carbón y un 30 % menos que el petróleo, lo que lo posiciona como el respaldo ideal para las energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica.

Para la agroindustria brasileña, el desarrollo del fracking tendría un efecto dominó positivo. Actualmente, el sector depende en un 73 % del diésel, y gran parte de los fertilizantes nitrogenados se importan desde Rusia. La producción nacional de gas permitiría fabricar estos insumos localmente y reducir los costos logísticos hacia el interior del país, donde el acceso a energía competitiva sigue siendo limitado.

El ministro Vilela insistió en que el debate debe ser “cualificado, amplio y democrático”, lejos de los extremismos. La decisión que emane del STJ no solo validará o anulará contratos firmados hace más de una década, sino que definirá la hoja de ruta de la industria extractiva brasileña para los próximos años. Si el tribunal adopta un enfoque regulatorio estricto pero permisivo —como impulsan la Casa Civil y el Ministerio de Minas y Energía—, Brasil podría iniciar un proceso de convergencia con los estándares de la Argentina y los Estados Unidos.