Una fundación le pidió a la jueza Preska evitar el pago del fallo millonario por la estatización de YPF

La batalla legal por la estatización de YPF podría tomar un giro decisivo en los próximos días. El Gobierno argentino y la petrolera estatal tienen hasta mañana para responder ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en un caso que involucra una posible condena de US$ 16.100 millones.

Este monto corresponde a la indemnización por la nacionalización de YPF en 2012, y podría ser revocado si se validan los argumentos presentados por la fundación Republican Action for Argentina.

El plazo otorgado por la jueza, que vence el martes 25 de febrero, marca una posible última oportunidad para que Argentina evite ser obligada a pagar la segunda deuda más grande del país, tras el préstamo de U$S 45.000 millones recibido del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

La fundación solicitó la nulidad del fallo y una investigación criminal sobre los actores clave en la nacionalización de YPF. Entre los señalados están Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina, y la familia Eskenazi, dueña de la participación mayoritaria en YPF antes de la expropiación.

Según la denuncia, la familia Kirchner presionó a Repsol en 2008 para que vendiera un 25% de YPF a los Eskenazi, quienes, tras la nacionalización, no pudieron hacer frente a los pagos por su participación y llevaron a la quiebra las empresas del Grupo Petersen.

Republican Action for Argentina sostiene que Burford y Eton Park, los fondos que demandaron a Argentina, se asociaron con la familia Eskenazi para financiar el litigio a cambio de un porcentaje de la compensación millonaria. Estos fondos adquirieron los derechos de litigio de las sociedades que poseían el 25% de YPF en el momento de su nacionalización.

El conflicto comenzó tras la decisión del gobierno de Cristina Kirchner en 2012 de expropiar el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la española Repsol, sin ofrecer una compra pública a otros accionistas minoritarios, como el Grupo Petersen.

La denuncia alegó que el Estado argentino no lanzó la oferta pública de adquisición correspondiente, lo que generó las demandas judiciales internacionales por parte de Burford Capital y Eton Park, quienes adquirieron los derechos de litigio de las sociedades quebradas de los Eskenazi.

Para los expertos este juicio marca un punto de inflexión para YPF y la Argentina, ya que el fallo definitivo podría obligar a pagar una indemnización millonaria que impactaría gravemente las arcas del Estado.